martes, 17 de diciembre de 2024

¿SERÁ JUZGADO EL PRESIDENTE PEDRO SÁNCHEZ POR CORRUPCIÓN?

 


Los procedimientos judiciales de distintas acusaciones particulares están salpicando al presidente del gobierno Pedro Sánchez en presuntos casos de corrupción que tienen que comprobar los tribunales.

 

Es posible que el Tribunal Supremo acabe imputando a Pedro Sánchez para sentarse en el banquillo, pero para ello tendrá que pedir un suplicatorio al Congreso donde al parecer el presidente tiene suficientes apoyos como para escapar a la acción de la justicia. Son las ventajas de ser aforado y tener esa inmunidad, y de solo poder ser juzgado por el Tribunal Supremo ( de lo cual se dice que cuanto más alto es un tribunal, más politizado y menos imparcial está). Aparte tiene la ventaja del Tribunal Constitucional ( ya politizado) y de la facultad de conceder indultos que legalmente puede tener quien sea presidente del gobierno.

 

Junts, el partido de Carles Puigdemont, del cual depende la mayoría absoluta de Pedro Sánchez, junto a otros socios parlamentarios, ha dicho que no va a apoyar al gobierno, pero puede ser que ser refiera a que no apoyará los presupuestos generales del Estado.

 

Igual los presupuestos generales del estado pueden prorrogarse si no se aprueban, hasta final de la legislatura, un tiempo que Pedro Sánchez podría aprovechar para desde el poder destruir todo tipo de pruebas para que en el futuro judicialmente no le puedan afectar.

 

Así es el sistema político y judicial español en la actualidad, en que los ciudadanos no somos iguales ante la ley, pues hay políticos que tienen la condición de aforados y con ello la inmunidad, aparte la politización de aparatos judiciales como el Consejo General del Poder Judicial que es el organismo que nombra a los jueces, el Tribunal Constitucional, y la Fiscalía que depende del gobierno como abiertamente ya manifestó el propio Pedro Sánchez. Y todo esto pese al cabreo de algunos jueces a los que el ejecutivo español los ha tildado de “fachas con toga”.

 

Tema aparte es poder huir a otro país donde no exista tratado de extradición como es Venezuela, y repartir el dinero publico robado entre cuentas opacas de distintos paraísos fiscales con todo tipo de transferencias para ir borrando las pistas. Es la alternativa ante una posibilidad segura de acabar en condena de penas de cárcel, que son insoportables por parte de políticos que se han acostumbrado a la comodidad de la libertad y de la inmunidad que les daba su condición de aforado.


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