Noelia
Castillo, una joven barcelonesa de 25 años,
quedó parapléjica en 2022 tras un intento de suicidio —al
lanzarse desde un quinto piso— motivado por el trauma de haber sufrido una
violación múltiple por parte de unos MENAS de origen inmigrante con los que los
gobiernos criminales que tenemos no van a hacer justicia, como ocurre en otros
tantos casos parecidos. El incidente le dejó graves dolores neuropáticos
crónicos, una lesión medular irreversible y una profunda depresión.
En
2024, solicitó la eutanasia (legal en España desde 2021).
Aunque su petición fue aprobada por el equipo médico y la comisión de
evaluación catalana, su padre bloqueó el proceso judicialmente durante casi dos
años con el apoyo de la asociación Abogados Cristianos. Finalmente, los
tribunales (el Supremo, el Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos) avalaron su derecho a decidir.
Hoy,
26 de marzo de 2026, Noelia se supone que recibe la
eutanasia, aunque en el momento de terminar de grabar ese video, todavía no
tengo noticias de ella, sobre si ya está muerta o se ha arrepentido y ha dado
marcha atrás. Ella ha defendido firmemente su decisión bajo la premisa: "Quiero dejar de sufrir", sosteniendo que el
dolor que ha padecido durante años pesa más que el de su familia por su
partida. Su caso ha reabierto un intenso debate sobre la autonomía individual y
la eutanasia en España, que a tenido todo el día las redes sociales ardiendo.
En
este vídeo os expreso mis opiniones y pareceres.
La
justicia en España ( que no deja de ser un cachondeo) atraviesa una crisis que
muchos ciudadanos perciben como un auténtico despropósito. Lejos de ser un
pilar sólido que garantice seguridad y equidad, el sistema judicial español
parece diseñado para perpetuar la lentitud, la ineficacia y, en última
instancia, la injusticia, ya que en el fondo favorece aún más a los
delincuentes ( y esto es lo que desea el gobierno de Pedro Sánchez). Esta
percepción no es gratuita: los tribunales están saturados, los procedimientos
se eternizan y las reformas recientes, como el decreto del ministro Félix
Bolaños que impone los Medios Alternativos de Solución de Conflictos (MASC),
acaban agravando aún más el problema en lugar de solucionarlo. ¿Es esta la
justicia que merecemos, o un instrumento al servicio de intereses que poco
tienen que ver con el bienestar común?.
Desde
el 3 de abril de 2025, según la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de
eficiencia del Servicio Público de Justicia, publicada en el Boletín Oficial
del Estado el 3 de enero de 2025, no se puede presentar una demanda civil o
mercantil sin haber intentado previamente una solución extrajudicial mediante
los MASC. Este requisito, que incluye opciones como mediación, conciliación o
negociación directa, se ha implementado mediante una norma aprobada por el
Gobierno, aunque forma parte de un proyecto legislativo que ha pasado por el
Congreso y el Senado, no simplemente un decreto unilateral como algunos podrían
suponer. Su supuesto objetivo oficial es reducir la carga de los juzgados,
descongestionando un sistema que, según datos del Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ), arrastra más de 2,5 millones de asuntos pendientes al cierre
de 2024.
Sin
embargo, esta medida despierta serias dudas. Obligar a las partes a recurrir a
los MASC antes de acceder a los tribunales no solo encarece los procedimientos
—por los costes asociados a mediadores, peritos, abogados, o expertos— sino que también los
alarga, añadiendo otras capas burocrática con su correspondiente coste previa
al ya tedioso proceso judicial. Esto resulta especialmente preocupante en un
país donde la duración media de un procedimiento civil supera los 12 meses, según
informes de la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ).
Lejos de agilizar la justicia, los MASC podrían convertirse en un obstáculo
más, beneficiando a quienes buscan dilatar los procesos —como okupas, empresas
incumplidoras o delincuentes habituales— y perjudicando a las víctimas o
perjudicados, que ven cómo sus derechos se retrasan aún más.
El
discurso del gobierno Sánchez defiende que los MASC aliviarán la presión sobre
los juzgados, pero esta justificación choca con la realidad del sistema
judicial español. Lo que la justicia necesita no son parches temporales, sino
una reforma estructural profunda: más jueces (España cuenta con unos 11 jueces
por cada 100.000 habitantes, frente a la media europea de 17), más empleados
judiciales, más tribunales y una digitalización efectiva que acelere los
trámites y los haga más accesibles.
Todo
esto requiere una inversión significativa en el presupuesto público, algo que
el Gobierno parece reacio a priorizar. En 2024, el gasto en justicia apenas representó
el 1,2% del total de los Presupuestos Generales del Estado, una cifra irrisoria
frente a los 60.000 millones destinados históricamente a rescatar al sector
financiero o los miles de millones asignados a sanidad y pensiones. Sin
embargo, esta austeridad selectiva contrasta con el generoso flujo de fondos
públicos hacia otras partidas: ayudas a Marruecos para cooperación migratoria,
apoyo económico a Ucrania en su conflicto bélico, subvenciones a sindicatos,
partidos políticos, ONG afines y empresas públicas deficitarias. ¿Por qué la
justicia, esencial para la cohesión social y la seguridad jurídica, queda
relegada a un segundo plano?.
La
crítica no es infundada. La permisividad ante fenómenos como la ocupación
ilegal, las leyes penales laxas y la insuficiente respuesta a la delincuencia
reflejan un sistema que, en opinión de muchos, se ha convertido en un paraíso
para los infractores. La introducción de los MASC, en lugar de atacar estas
raíces, parece un intento de maquillar las estadísticas de litigiosidad sin
abordar los problemas estructurales. Si el objetivo es fomentar la justicia,
¿por qué no destinar recursos a fortalecer los tribunales en lugar de desviar
conflictos a un sistema extrajudicial que carece de garantías suficientes?.
En
conclusión, los MASC, presentados como una solución moderna, corren el riesgo
de convertirse en un nuevo escollo para los ciudadanos que buscan amparo en la
justicia. Mientras el Gobierno priorice otras partidas presupuestarias y
esquive la modernización real del sistema judicial, España seguirá atrapada en
un círculo vicioso de ineficacia e injusticia. La pregunta es inevitable:
¿quién se beneficia realmente de este caos y le interesa que la justicia siga
siendo un cachondeo y los delincuentes o ciudadanos de mala fe saquen mayor
beneficio de ello?. Esa es, pues, la justicia de Pedro Sánchez, y la de Alberto
Núñez Feijóo que no lo ha cuestionado.
Pepe Lomas es un ciudadano de Ciudad Real, que ya sobrepasa
los 80 años, y sin antecedentes penales.
Viviendo en solitario en una propiedad de las afueras,
penetró un delincuente extranjero con varios antecedentes penales, y el anciano
para defenderse y en vista que varias veces había sido atracado en su
propiedad, decidió dispararle con su escopeta, causándole la muerte.
Ahora con la corrupta e injusta
ley española, que protege más a los delincuentes que a los propios ciudadanos,
le condena con penas de cárcel y a indemnizar a la familia del delincuente
muerto con más de 200.000 largos euros, siendo este anciano un antiguo
comerciante de libros ya jubilado, del que se supone que la venta de libros no
da para hacerse rico.
Las leyes las hacen los políticos,
y estos casos, igual como el de los robos, las agresiones, la ocupación de
viviendas, la expropiación de propiedades, las multas inapelables, el robo a
impuestos, dicen de que realmente la casta política española está compuesta de
auténticos delincuentes irresponsables que hacen las leyes precisamente para
proteger a los delincuentes y llegando a convertir a España en el paraíso de
los delincuentes, en el cual delinquir muchas veces termina como si le tocara
la lotería al delincuente, y dejando a la víctima maltratada, humillada, y
desamparada. La culpa, pues, de que tengamos leyes corruptas e injustas, son de
los políticos que redactan dichas leyes
Creo que hace falta una ley en la
que consienta a los ciudadanos tener armas en su propiedad para defenderse de
los intrusos que vienen con malas intenciones, ya que el domicilio es
inviolable y la propiedad es un derecho según la Constitución Española, aunque
para esos casos de leyes hechas por políticos corruptos e irresponsables, la
Carta Magna acaba siendo un papel mojado. El ciudadano tiene que tener el
derecho a defenderse con cualquier arma, tanto su propia vida como su
propiedad.
Y mientras las leyes no se hagan
del modo correcto, la injustita, la corrupción, y la venganza ya saldrán por sí
solas para tomarla contra quienes merecen ese castigo que la ley corrupta e
injusta no es capaz de aplicar.
Por lo menos el presidente del
gobierno Pedro Sánchez, que igual también es culpable por no hacer nada en cambiar
las leyes injustas y corruptas, tiene la facultad legal de conceder el indulto,
que este pobre anciano se lo merece de sobras y lo antes posible.
