La
justicia en España ( que no deja de ser un cachondeo) atraviesa una crisis que
muchos ciudadanos perciben como un auténtico despropósito. Lejos de ser un
pilar sólido que garantice seguridad y equidad, el sistema judicial español
parece diseñado para perpetuar la lentitud, la ineficacia y, en última
instancia, la injusticia, ya que en el fondo favorece aún más a los
delincuentes ( y esto es lo que desea el gobierno de Pedro Sánchez). Esta
percepción no es gratuita: los tribunales están saturados, los procedimientos
se eternizan y las reformas recientes, como el decreto del ministro Félix
Bolaños que impone los Medios Alternativos de Solución de Conflictos (MASC),
acaban agravando aún más el problema en lugar de solucionarlo. ¿Es esta la
justicia que merecemos, o un instrumento al servicio de intereses que poco
tienen que ver con el bienestar común?.
Desde
el 3 de abril de 2025, según la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de
eficiencia del Servicio Público de Justicia, publicada en el Boletín Oficial
del Estado el 3 de enero de 2025, no se puede presentar una demanda civil o
mercantil sin haber intentado previamente una solución extrajudicial mediante
los MASC. Este requisito, que incluye opciones como mediación, conciliación o
negociación directa, se ha implementado mediante una norma aprobada por el
Gobierno, aunque forma parte de un proyecto legislativo que ha pasado por el
Congreso y el Senado, no simplemente un decreto unilateral como algunos podrían
suponer. Su supuesto objetivo oficial es reducir la carga de los juzgados,
descongestionando un sistema que, según datos del Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ), arrastra más de 2,5 millones de asuntos pendientes al cierre
de 2024.
Sin
embargo, esta medida despierta serias dudas. Obligar a las partes a recurrir a
los MASC antes de acceder a los tribunales no solo encarece los procedimientos
—por los costes asociados a mediadores, peritos, abogados, o expertos— sino que también los
alarga, añadiendo otras capas burocrática con su correspondiente coste previa
al ya tedioso proceso judicial. Esto resulta especialmente preocupante en un
país donde la duración media de un procedimiento civil supera los 12 meses, según
informes de la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ).
Lejos de agilizar la justicia, los MASC podrían convertirse en un obstáculo
más, beneficiando a quienes buscan dilatar los procesos —como okupas, empresas
incumplidoras o delincuentes habituales— y perjudicando a las víctimas o
perjudicados, que ven cómo sus derechos se retrasan aún más.
El
discurso del gobierno Sánchez defiende que los MASC aliviarán la presión sobre
los juzgados, pero esta justificación choca con la realidad del sistema
judicial español. Lo que la justicia necesita no son parches temporales, sino
una reforma estructural profunda: más jueces (España cuenta con unos 11 jueces
por cada 100.000 habitantes, frente a la media europea de 17), más empleados
judiciales, más tribunales y una digitalización efectiva que acelere los
trámites y los haga más accesibles.
Todo
esto requiere una inversión significativa en el presupuesto público, algo que
el Gobierno parece reacio a priorizar. En 2024, el gasto en justicia apenas representó
el 1,2% del total de los Presupuestos Generales del Estado, una cifra irrisoria
frente a los 60.000 millones destinados históricamente a rescatar al sector
financiero o los miles de millones asignados a sanidad y pensiones. Sin
embargo, esta austeridad selectiva contrasta con el generoso flujo de fondos
públicos hacia otras partidas: ayudas a Marruecos para cooperación migratoria,
apoyo económico a Ucrania en su conflicto bélico, subvenciones a sindicatos,
partidos políticos, ONG afines y empresas públicas deficitarias. ¿Por qué la
justicia, esencial para la cohesión social y la seguridad jurídica, queda
relegada a un segundo plano?.
La
crítica no es infundada. La permisividad ante fenómenos como la ocupación
ilegal, las leyes penales laxas y la insuficiente respuesta a la delincuencia
reflejan un sistema que, en opinión de muchos, se ha convertido en un paraíso
para los infractores. La introducción de los MASC, en lugar de atacar estas
raíces, parece un intento de maquillar las estadísticas de litigiosidad sin
abordar los problemas estructurales. Si el objetivo es fomentar la justicia,
¿por qué no destinar recursos a fortalecer los tribunales en lugar de desviar
conflictos a un sistema extrajudicial que carece de garantías suficientes?.
En
conclusión, los MASC, presentados como una solución moderna, corren el riesgo
de convertirse en un nuevo escollo para los ciudadanos que buscan amparo en la
justicia. Mientras el Gobierno priorice otras partidas presupuestarias y
esquive la modernización real del sistema judicial, España seguirá atrapada en
un círculo vicioso de ineficacia e injusticia. La pregunta es inevitable:
¿quién se beneficia realmente de este caos y le interesa que la justicia siga
siendo un cachondeo y los delincuentes o ciudadanos de mala fe saquen mayor
beneficio de ello?. Esa es, pues, la justicia de Pedro Sánchez, y la de Alberto
Núñez Feijóo que no lo ha cuestionado.
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