ACUERDOS EXTRAJUDICIALES OBLIGATORIOS: MÁS CARO CON MÁS TIEMPO Y MÁS INJUSTICIA

La justicia en España ( que no deja de ser un cachondeo) atraviesa una crisis que muchos ciudadanos perciben como un auténtico despropósito. Lejos de ser un pilar sólido que garantice seguridad y equidad, el sistema judicial español parece diseñado para perpetuar la lentitud, la ineficacia y, en última instancia, la injusticia, ya que en el fondo favorece aún más a los delincuentes ( y esto es lo que desea el gobierno de Pedro Sánchez). Esta percepción no es gratuita: los tribunales están saturados, los procedimientos se eternizan y las reformas recientes, como el decreto del ministro Félix Bolaños que impone los Medios Alternativos de Solución de Conflictos (MASC), acaban agravando aún más el problema en lugar de solucionarlo. ¿Es esta la justicia que merecemos, o un instrumento al servicio de intereses que poco tienen que ver con el bienestar común?.

 

Desde el 3 de abril de 2025, según la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 3 de enero de 2025, no se puede presentar una demanda civil o mercantil sin haber intentado previamente una solución extrajudicial mediante los MASC. Este requisito, que incluye opciones como mediación, conciliación o negociación directa, se ha implementado mediante una norma aprobada por el Gobierno, aunque forma parte de un proyecto legislativo que ha pasado por el Congreso y el Senado, no simplemente un decreto unilateral como algunos podrían suponer. Su supuesto objetivo oficial es reducir la carga de los juzgados, descongestionando un sistema que, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), arrastra más de 2,5 millones de asuntos pendientes al cierre de 2024.

 

Sin embargo, esta medida despierta serias dudas. Obligar a las partes a recurrir a los MASC antes de acceder a los tribunales no solo encarece los procedimientos —por los costes asociados a mediadores, peritos, abogados, o expertos— sino que también los alarga, añadiendo otras capas burocrática con su correspondiente coste previa al ya tedioso proceso judicial. Esto resulta especialmente preocupante en un país donde la duración media de un procedimiento civil supera los 12 meses, según informes de la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ). Lejos de agilizar la justicia, los MASC podrían convertirse en un obstáculo más, beneficiando a quienes buscan dilatar los procesos —como okupas, empresas incumplidoras o delincuentes habituales— y perjudicando a las víctimas o perjudicados, que ven cómo sus derechos se retrasan aún más.

 

El discurso del gobierno Sánchez defiende que los MASC aliviarán la presión sobre los juzgados, pero esta justificación choca con la realidad del sistema judicial español. Lo que la justicia necesita no son parches temporales, sino una reforma estructural profunda: más jueces (España cuenta con unos 11 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a la media europea de 17), más empleados judiciales, más tribunales y una digitalización efectiva que acelere los trámites y los haga más accesibles.

 

Todo esto requiere una inversión significativa en el presupuesto público, algo que el Gobierno parece reacio a priorizar. En 2024, el gasto en justicia apenas representó el 1,2% del total de los Presupuestos Generales del Estado, una cifra irrisoria frente a los 60.000 millones destinados históricamente a rescatar al sector financiero o los miles de millones asignados a sanidad y pensiones. Sin embargo, esta austeridad selectiva contrasta con el generoso flujo de fondos públicos hacia otras partidas: ayudas a Marruecos para cooperación migratoria, apoyo económico a Ucrania en su conflicto bélico, subvenciones a sindicatos, partidos políticos, ONG afines y empresas públicas deficitarias. ¿Por qué la justicia, esencial para la cohesión social y la seguridad jurídica, queda relegada a un segundo plano?.

 

La crítica no es infundada. La permisividad ante fenómenos como la ocupación ilegal, las leyes penales laxas y la insuficiente respuesta a la delincuencia reflejan un sistema que, en opinión de muchos, se ha convertido en un paraíso para los infractores. La introducción de los MASC, en lugar de atacar estas raíces, parece un intento de maquillar las estadísticas de litigiosidad sin abordar los problemas estructurales. Si el objetivo es fomentar la justicia, ¿por qué no destinar recursos a fortalecer los tribunales en lugar de desviar conflictos a un sistema extrajudicial que carece de garantías suficientes?.

 

En conclusión, los MASC, presentados como una solución moderna, corren el riesgo de convertirse en un nuevo escollo para los ciudadanos que buscan amparo en la justicia. Mientras el Gobierno priorice otras partidas presupuestarias y esquive la modernización real del sistema judicial, España seguirá atrapada en un círculo vicioso de ineficacia e injusticia. La pregunta es inevitable: ¿quién se beneficia realmente de este caos y le interesa que la justicia siga siendo un cachondeo y los delincuentes o ciudadanos de mala fe saquen mayor beneficio de ello?. Esa es, pues, la justicia de Pedro Sánchez, y la de Alberto Núñez Feijóo que no lo ha cuestionado.

LA JUSTICIA DE OSCAR PUENTE ES UN CACHONDEO

 

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible Oscar Puente ha dicho que hay que sacar la ley de amnistía adelante, y sobretodo para ahorrar a los jueces el trabajo del procedimiento judicial y las estancias en la cárcel, ya que igualmente van a terminar indultados.

 Ahora imaginaos que no se juzgue al resto de los delincuentes, para aligerar la sobrecarga de trabajo de los juzgados, y que además con ello se llenen menos las cárceles, con lo que nos cuestan los presos con los impuestos.  ¿Sería esto lo correcto?.

 Los delincuentes tienen que ser juzgados y castigados si son culpables. Y con mayor razón el caso de un político, que debería de tener una conducta ejemplar ante los ciudadanos. Nos roban a impuestos, a multas, se ocupan viviendas privadas, nos invaden ilegales, hacen leyes malas,…..y de todo esto tienen culpa los políticos, que cuando delinquen, tienen que ser mucho más castigados por no cumplir ni las mismas leyes que ellos legislan y los jueces tienen que hacer cumplir.

LA JUSTICIA ESPAÑOLA ES UN CACHONDEO, UNA MIERDA, Y UN ASCO

 

La justicia española es un cachondeo, es muy lenta, con montones de expedientes que nadie se mira ni lee en los edificios judiciales, y unos funcionarios que solo miran de cobrar bien y hacer el mínimo de esfuerzo.

Y sumado a esto, las leyes españolas son muy malas, lo que da lugar a mucha delincuencia, y a mucha injusticia. Pero claro, los jueces tienen que aplicar las leyes según les parezca ( ya que cada juez lo interpreta a su manera, de las miles de maneras distintas que existen), pero los que hacen las leyes son los políticos, los cuales los actuales tienen muy bajo nivel y son de una gran irresponsabilidad que causan gran vergüenza.

Es por esto que uno de los muchos problemas pendientes a resolver en nuestro país son hacer unas leyes más justas, sensatas y de sentido común, que pongan las cosas donde realmente les corresponde. Y esto es algo que tienen que reclamar los propios jueces, fiscales, ciudadanos, y los propios políticos, esos últimos los cuales, son los que legislan, y en consecuencia deberían de cambiar los tanto los códigos civiles como los penales, haciendo unas leyes más justas.

 Aparte del cachondeo de la justicia española, el caso es que está muy politizada, y por tanto no puede ser del todo imparcial. Muchos ya cuestionan que no existe separación de poderes en España, y que aunque se considera una democracia, en realidad es una autocracia de partidos.

Y aunque la justicia nunca es justicia, siempre puede ser mejor o peor justicia, pese a maldiciones como la famosa de la gitana: “muchos pleitos tengas y los ganes” ( que indica que cuando te metes con los de la judicatura, no se puede esperar cosas buenas).