Sigo los precios de los portales inmobiliarios, y
últimamente he detectado una brutal subida de precios de la vivienda, y una
falta de oferta de vivienda cada vez mayor. Y además esto en pueblos pequeños,
donde se supone que los precios deberían de ser mucho más reducido con
viviendas de mejor calidad.
Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, cientos de
miles de viviendas vacias, terminadas, y sin terminar se pusieron a la venta,
pero por falta de compradores y falta de financiación bancaria, los precios
bajaron hasta un 75% menos su valor inicial.
Con Pedro Sánchez, con su políticas de nuevas leyes de
viviendas y de protección a los okupas y a los delincuentes, a llevado a sacar
muchas viviendas del mercado laboral, y con ello elevando brutalmente los
precios de la vivienda y del alquiler en el resto de las que están disponibles
( y que cada vez son menos).
Estos indicios cada vez se notan más en los portales
inmobiliarios, que los precios ya han empezado a duplicarse, desde la última
caída del precio, e incluso hasta triplicarse.
Entre malas leyes, la falta de incentivos al sector de la
construcción junto a la falta de mano de obra apta para ello, y la protección
de los delincuentes, ha llevado a esta brutal subida de precios y a esta oferta
cada vez más reducida.
El futuro tiende a ser como el pasado: la convivencia de
varias generaciones de una misma familia en una misma vivienda, porque tanto la
compra, el alquiler, como la construcción, se está poniendo cada vez más
difícil.
Se supone que esto forma parte de la Agenda 2030: “no
tendrás nada y serás feliz”, y esto incluye a la vivienda, con todos los
inconvenientes y problemas que esto supone.
Recientemente el Instituto Nacional de Estadística ha dado a
conocer el dato de que desde que gobierna Pedro Sánchez, la población española
se ha reducido en más de 620.000 habitantes, y la extranjera se ha incrementado
en más de 2700000 habitantes, que si se cuentan los nacimientos de dicha
inmigración, habría que sumarles otros 600.000 más de inmigrantes, que suman
unos 3300000.Y esto dentro de un
contexto que se busca dar nacionalidad española a unos 700.000 inmigrantes
ilegales, y no paran de invadir Canarias y resto de territorio español varios
miles de inmigrantes mes tras mes, con la complicidad del propio Pedro Sánchez,
que lo financia con el dinero que nos está robando a impuestos al resto de los
españoles.
Siendo un país con más de cuatro millones de parados, que no
hay oferta de vivienda para su venta y alquiler, que no tiene ni suficientes
médicos para cubrir adecuadamente a la población, la actitud de Pedro Sánchez
de consentir esta invasión inmigratoria es totalmente irresponsable,traicionera, y vergonzosa, que además nos
está llevando a más ruina e inseguridad.
Luego está el caso de activistas como Valeria Racu, que es
inmigrante de origen moldavo, y de que se ha descubierto por informaciones de
internet que al menos tiene 12 propiedades en Moldavia, país que toca a Rumania,
que lo que propone es una huelga de inquilinos en la cual se deje de pagar la
mensualidad a los propietarios de la vivienda alquilada. Y además de esto, el
partido político PODEMOS exige a Pedro Sánchez que por ley baje los precios de
los alquileres.
Una situación que lleva a que los propietarios queden cada
vez más desprotegidos y vejados, y que en el mercado cada vez no solo haya
menos oferta de alquiler y venta de vivienda, sino que además su precio sea
cada vez más alto, y las exigencias a los inquilinos sean cada vez mayores.
Es un problema provocado por políticos irresponsables y
carentes de patriotismo, que por otra parte detrás de todo esto también se
esconden intereses electorales de peso, de lo que dichos políticos esperan
obtener rédito electoral con lo de la invasión inmigrante, dar nacionalidad,
intervenir el mercado de alquiler y fijar los precios y condiciones, lo cual en
resumen lleva a que la vivienda acabe siendo cada vez más escasa, repartiendo
con ello más pobreza e injusticia.
La solución pasa por plenas garantías a los propietarios y
total respeto a la propiedad privada, así como quitar impuestos, normativas,
burocracias, y todo tipo de trabas que hacen que la vivienda acabe teniendo un
coste exageradamente alto en su construcción y con ello sea de muy difícil
acceso a una población con un poder adquisitivo cada vez más bajo causado por
el exceso de impuestos y la inflación provocada.
El pasado fin de semana se
produjo una manifestación contra el gobierno para exigir regularizar los altos
precios de la vivienda y construir más viviendas sociales, que es algo que
choca contra la realidad y de la que no se puede buscar otras soluciones que
pasen por la retirada de normativas e impuestos en las empresas constructoras,
y procurar abundante suelo edificable para facilitar la construcción de nuevas
viviendas.
Y por otro lado dar
garantías a los propietarios, penalizando muy severamente la ocupación ilegal y
los impagos, lo que llevaría a una mayor confianza en colocar vivienda de
alquiler en el mercado, que al haber más oferta de la misma, provocaría una
bajada generalizada de los precios. Sin respeto a la propiedad privada y darle
sus correspondientes garantías jurídicas, no es posible la existencia de un
mercado de alquiler y de venta de vivienda por parte de inversores propietarios
que la promueven, y esto perjudica de modo especial a los sectores que tienen
necesidad de alojamiento sea alquilándolo o comprándolo.
El exceso de regulaciones
y normativas, la diversidad impuestos, y las trabas burocráticas, hacen que sea
muy caro el acabado final de la vivienda construida. La falta de garantías a
los propietarios, que además se les obliga a absurdidades injustas como pagar
el suministro de agua, electricidad, el impuesto municipal, comunidad, basuras,
etc… de sus viviendas usurpadas por okupas o inquiokupas, hace que esta
inseguridad y atropello impida a dichos propietarios poner sus viviendas en
alquiler. Y los que se arriesgan, exigen muchas condiciones, altas fianzas o
depósitos de garantía, contratos muy especificados con muchas exigencias, y
rentas mensuales muy altas,….de modo que los alquileres al final están al
alcance de los muy acaudalados y que pueden demostrar que podrán pagarlo y
cumplir con los contratos.
Lo que hace el gobierno y
algunas comunidades autónomas de intervenir los precios, proteger a los okupas
( con la excusa de “personas vulnerables”, poner impuestos a las viviendas
vacías que no se alquilen, y vejar a los propietarios, es que cada vez haya
menos vivienda de alquiler y sea más caro. Tampoco su exigencia de exceso de
normativas, complicaciones burocráticas, y excesos de impuestos, anima en nada
a la construcción y compra de viviendas. Las exigencias de la Agenda 2030, son
otra complicación añadida más.
Además en el duro oficio
de la construcción, falta mano de obra que esté preparada y sea apta para la
profesión, lo cual es otro problema añadido.
Se tienen que cambiar las
políticas de vivienda y el trato injusto y confiscatorio contra los
propietarios. Crear puestos de trabajo para que la gente que lo necesite pueda
comprar y alquilar vivienda, y aprovechar el enorme parque inmobiliario que se
dejó abandonado durante el estallido de la burbuja inmobiliario, en
condicionarlo, reformarlo, y terminar su acabado para ponerlo a la venta o
alquiler que pueda absorber las necesidades de alquiler o de propiedad que hay
en el mercado, sin olvidar que para esto siempre tienen que haber garantías y
respeto por la propiedad privada.
Ha surgido cierto
“sindicato de inquilinos” que propone una huelga de inquilinos dejando de pagar
la renta mensual para que baje el precio, y esto sería mucho peor, porque va a
llevar a los casi seguros desahucios de quienes no paguen, y a una subida
todavía mayor de los alquileres y menos vivienda disponible en el mercado.
En resumen, no existe
ninguna voluntad política de resolver el problema de la forma correcta, y mucha
ignorancia entre la gente que tiene una visión equivocada del problema, que es
lo que sigue manteniendo esta situación insostenible y perjudican para millones
de ciudadanos españoles, que además se agrava con la llegada de nuevos millones
de inmigrantes ( tanto legales como ilegales) que no se sabe en dónde alojar
cuando ni hay sitio para los nacionales.
En la época de Francisco Franco la construcción de viviendas
satisfacía una necesidad del país, daba trabajo a mucha gente, y se terminaba
de pagar en muy pocos años. Se hacían con medios más anticuados, y por ende
muchos más duros, pero el acabado resultaba mucho más barato que con la
avanzada tecnología actual.
Con el paso del tiempo fueron incrementándose
exponencialmente los impuestos y las normativas sobre las viviendas, aparte de
unas políticas especulativas que llevaron a que las hipotecas ya se hicieran
para una vigencia de unas décadas de años.
En la actualidad la política de vivienda se basa en proteger
al okupa y al inquilino ( aunque termine siendo moroso) y desprotegiendo
totalmente al propietario. Además que el gobierno y comunidades autónomas
intervienen y regulan los precios de los alquileres, lo que lleva a que los
propietarios no quieran arriesgarse a alquilar por unos precios que no les
aportan rentabilidad. De hecho en todos los países donde los políticos
regularizan los alquileres, acaban habiendo menos alquiler disponible.
Tema aparte son la variedad de normativas e impuestos que
recaen sobre la construcción de vivienda, la falta de suelo edificable, y que
los bancos pongan más facilidades. Según el candidato a presidente Donald
Trump, si se suprimen las inútiles normativas y los impuestos, aligerando un
poco las cargas de préstamos de banco, poniendo suelo para edificar, y dejando
que las empresas puedan trabajar en libertad y con ello compitiendo entre sí,
el precio de la vivienda puede bajar entre un 30 y un 50%.
Entre la política de construcción de vivienda de la época de
Francisco Franco, los problemas actuales de la vivienda ( provocada por
políticos), y la propuesta de Donald Trump, es algo que se tendría que hacer
mirar.
Mientras tanto, personajes como la vicepresidenta Yolanda
Díaz hablan de intervenir los precios de los alquileres y llegar a acuerdos de
Estado con las comunidades autónomas para fomentar las viviendas, políticas que
considero totalmente equivocadas y destinadas al fracaso, porque el problema de
la vivienda solo lo puede solucionar una iniciativa privada que necesita
garantías jurídicas de protección de la propiedad, no ser acribillada a
normativas y expoliada a impuestos, dándole total libertad de metodología de
trabajo para que además pueda competir con el resto de empresas
promotoras-constructoras.
Las normativas son tales ( que además últimamente han
incluido las exigencias de la Agenda 2030), que a un trabajador de la
construcción le exigen tan nivel de conocimientos, que en un trabajo tan duro
como es la albañilería, prácticamente ya nadie desea desempeñarlo, y el país se
está quedando sin profesionales cualificados. Y esto también complica el ya de
por sí grave problema de falta de vivienda accesible.
Desde los años 60 bajo el régimen de Francisco Franco, a la
actualidad, el acceso a la vivienda ha sido cada vez más difícil, complicado, y
caro.
Esto se debe a que con Franco habían muy pocos impuestos y
regulaciones, y se fomentaba mucho la cultura del trabajo, lo cual permitía la
compra y acceso a la vivienda.
En la actualidad todo tipo de regulaciones conlleva su
propio coste, cada vez hay más impuestos de todo tipo, que también afecta a la
vivienda. Y además hay malas leyes que protegen a los okupas y delincuentes, y
no dan garantías jurídicas a los propietarios, con lo cual también se reduce la
oferta de alquiler, pese a haber millones de viviendas vacías. Esto hace,
también, que la poca oferta para el alquiler sea cada vez más cara e
inaccesible.
Cuando una familia con varios hijos tenía acceso a la
vivienda y la terminaba de pagar en pocos años, es señal de que el país estaba
bien gobernado. Pero cuando se es pareja sin posibilidad de mantener hijos, y
además se tiene que compartir con terceros u otra pareja la vivienda, es señal
de que el país está muy mal gobernado.
