El pasado fin de semana se
produjo una manifestación contra el gobierno para exigir regularizar los altos
precios de la vivienda y construir más viviendas sociales, que es algo que
choca contra la realidad y de la que no se puede buscar otras soluciones que
pasen por la retirada de normativas e impuestos en las empresas constructoras,
y procurar abundante suelo edificable para facilitar la construcción de nuevas
viviendas.
Y por otro lado dar
garantías a los propietarios, penalizando muy severamente la ocupación ilegal y
los impagos, lo que llevaría a una mayor confianza en colocar vivienda de
alquiler en el mercado, que al haber más oferta de la misma, provocaría una
bajada generalizada de los precios. Sin respeto a la propiedad privada y darle
sus correspondientes garantías jurídicas, no es posible la existencia de un
mercado de alquiler y de venta de vivienda por parte de inversores propietarios
que la promueven, y esto perjudica de modo especial a los sectores que tienen
necesidad de alojamiento sea alquilándolo o comprándolo.
El exceso de regulaciones
y normativas, la diversidad impuestos, y las trabas burocráticas, hacen que sea
muy caro el acabado final de la vivienda construida. La falta de garantías a
los propietarios, que además se les obliga a absurdidades injustas como pagar
el suministro de agua, electricidad, el impuesto municipal, comunidad, basuras,
etc… de sus viviendas usurpadas por okupas o inquiokupas, hace que esta
inseguridad y atropello impida a dichos propietarios poner sus viviendas en
alquiler. Y los que se arriesgan, exigen muchas condiciones, altas fianzas o
depósitos de garantía, contratos muy especificados con muchas exigencias, y
rentas mensuales muy altas,….de modo que los alquileres al final están al
alcance de los muy acaudalados y que pueden demostrar que podrán pagarlo y
cumplir con los contratos.
Lo que hace el gobierno y
algunas comunidades autónomas de intervenir los precios, proteger a los okupas
( con la excusa de “personas vulnerables”, poner impuestos a las viviendas
vacías que no se alquilen, y vejar a los propietarios, es que cada vez haya
menos vivienda de alquiler y sea más caro. Tampoco su exigencia de exceso de
normativas, complicaciones burocráticas, y excesos de impuestos, anima en nada
a la construcción y compra de viviendas. Las exigencias de la Agenda 2030, son
otra complicación añadida más.
Además en el duro oficio
de la construcción, falta mano de obra que esté preparada y sea apta para la
profesión, lo cual es otro problema añadido.
Se tienen que cambiar las
políticas de vivienda y el trato injusto y confiscatorio contra los
propietarios. Crear puestos de trabajo para que la gente que lo necesite pueda
comprar y alquilar vivienda, y aprovechar el enorme parque inmobiliario que se
dejó abandonado durante el estallido de la burbuja inmobiliario, en
condicionarlo, reformarlo, y terminar su acabado para ponerlo a la venta o
alquiler que pueda absorber las necesidades de alquiler o de propiedad que hay
en el mercado, sin olvidar que para esto siempre tienen que haber garantías y
respeto por la propiedad privada.
Ha surgido cierto
“sindicato de inquilinos” que propone una huelga de inquilinos dejando de pagar
la renta mensual para que baje el precio, y esto sería mucho peor, porque va a
llevar a los casi seguros desahucios de quienes no paguen, y a una subida
todavía mayor de los alquileres y menos vivienda disponible en el mercado.
En resumen, no existe
ninguna voluntad política de resolver el problema de la forma correcta, y mucha
ignorancia entre la gente que tiene una visión equivocada del problema, que es
lo que sigue manteniendo esta situación insostenible y perjudican para millones
de ciudadanos españoles, que además se agrava con la llegada de nuevos millones
de inmigrantes ( tanto legales como ilegales) que no se sabe en dónde alojar
cuando ni hay sitio para los nacionales.
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