En
la primera reunión de ministros, el nuevo reeditado gobierno Sánchez, ha sacado
adelante un nuevo decreto-ley, sin debatirlo en el parlamento.
Se
trata de una ley de paridad feminista que establece cuotas mínimas y máximas
entre sexos femeninos y masculinos en los puestos de trabajo y cargos de
decisión de tanto del sector público como del privado.
En resumen, se trata de obligar a las empresas
y demás entidades, tanto públicas como privadas, a que al menos el 40% de los
puestos sean para mujeres.
Muchos lo consideran una imposición arbitraria
que vulnera el principio de mérito y capacidad, y que podría generar
discriminación positiva o negativa según el caso, y con ello restar la
competividad de aprovechar a los mejores para cada caso, independientemente de
ser mujer u hombre.
