Ayer 13 de mayo de 2025, el Consejo de
Ministros de España del
gobierno Sánchez aprobó
el Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las
Carreras Judicial y Fiscal, junto con una reforma del Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal, que prepara a la Fiscalía para liderar la instrucción penal
en la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), prevista para 2028. Este
proyecto, que aún debe ser aprobado por el Congreso, introduce cambios
significativos en el sistema judicial español, trasladando la dirección de las
investigaciones penales de los jueces de instrucción al Ministerio Fiscal. Además, refuerza la autonomía de la Fiscalía con un mandato
de cinco años no renovable para el Fiscal General, desvinculándolo del nuevo gobierno que surja, lo cual es una maniobra para encubrir al anterior
gobierno que había nombrado al fiscal vigente.
Sin
embargo, esta reforma plantea serias preocupaciones sobre la separación de
poderes, consagrada en el artículo 117 de la Constitución Española, que
garantiza la independencia judicial. Actualmente, los jueces de instrucción,
independientes e inamovibles según la Carta Magna, dirigen las investigaciones penales, asegurando imparcialidad frente a
presiones políticas. Con el nuevo modelo, los fiscales, jerárquicamente
dependientes del Fiscal General (nombrado por el gobierno, según el artículo
124 CE), asumirán esta función. A pesar de medidas como el mandato fijo del
Fiscal General, la falta de una autonomía estructural robusta en la Fiscalía
genera riesgos de politización, ya que el Ejecutivo podría influir
indirectamente en las investigaciones, especialmente en casos sensibles como la
corrupción política, ya
que como dijo el propio Pedro Sánchez: la fiscalía depende del gobierno.
Este
cambio complica la lucha contra la corrupción de políticos, ya que los
fiscales, al estar subordinados a una cúpula nombrada por el gobierno, podrían
ser percibidos como menos imparciales que los jueces. La posibilidad de
archivar casos mediante el principio de oportunidad reglada o de priorizar
ciertas investigaciones podría facilitar que se minimicen o entorpezcan
acusaciones contra figuras políticas afines al Ejecutivo. Países como Italia o
Alemania, con modelos similares, cuentan con mayores salvaguardas de
independencia fiscal, ausentes en el proyecto español según el Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ).
Además,
la reforma no aborda la falta de recursos de la Fiscalía, lo que podría limitar
su capacidad para asumir la instrucción penal, generando retrasos y colapsos
judiciales en aquellas
cosas que afectaran al gobierno o a sus aliados políticos. La percepción de una justicia
politizada podría erosionar la confianza pública, debilitando el Estado de
Derecho, y esto es lo
que busca Pedro Sánchez para poder tener un mayor control y poder sobre la
judicatura ( y que es lo que al parecer también interesa a resto de políticos). Aunque el juez de garantías
supervisará medidas que afecten derechos fundamentales, su rol limitado no
compensa la pérdida de control judicial directo sobre las investigaciones,
incrementando el riesgo de injerencias del Ejecutivo.
En
resumen, aunque el proyecto de Félix Bolaños da la excusa de modernizar el sistema penal y alinearlo con estándares
europeos, la dependencia de la Fiscalía del gobierno y la falta de recursos y
contrapesos suficientes amenazan la separación de poderes y dificultan la
persecución efectiva de la corrupción política, lo que podría socavar la imparcialidad
y la confianza en la justicia española. Aparte de que con esta nueva ley se imponen menos exigencias
a los jueces para acceder a la carrera judicial, haciendo que estén menos
preparados, tengan menos méritos, y también ser más manejables, sobornables y
con ello corruptibles, que es todo lo contrario que debería de ser un juez.
