En la época de Francisco Franco la construcción de viviendas satisfacía una necesidad del país, daba trabajo a mucha gente, y se terminaba de pagar en muy pocos años. Se hacían con medios más anticuados, y por ende muchos más duros, pero el acabado resultaba mucho más barato que con la avanzada tecnología actual.
Con el paso del tiempo fueron incrementándose exponencialmente los impuestos y las normativas sobre las viviendas, aparte de unas políticas especulativas que llevaron a que las hipotecas ya se hicieran para una vigencia de unas décadas de años.
En la actualidad la política de vivienda se basa en proteger al okupa y al inquilino ( aunque termine siendo moroso) y desprotegiendo totalmente al propietario. Además que el gobierno y comunidades autónomas intervienen y regulan los precios de los alquileres, lo que lleva a que los propietarios no quieran arriesgarse a alquilar por unos precios que no les aportan rentabilidad. De hecho en todos los países donde los políticos regularizan los alquileres, acaban habiendo menos alquiler disponible.
Tema aparte son la variedad de normativas e impuestos que recaen sobre la construcción de vivienda, la falta de suelo edificable, y que los bancos pongan más facilidades. Según el candidato a presidente Donald Trump, si se suprimen las inútiles normativas y los impuestos, aligerando un poco las cargas de préstamos de banco, poniendo suelo para edificar, y dejando que las empresas puedan trabajar en libertad y con ello compitiendo entre sí, el precio de la vivienda puede bajar entre un 30 y un 50%.
Entre la política de construcción de vivienda de la época de Francisco Franco, los problemas actuales de la vivienda ( provocada por políticos), y la propuesta de Donald Trump, es algo que se tendría que hacer mirar.
Mientras tanto, personajes como la vicepresidenta Yolanda Díaz hablan de intervenir los precios de los alquileres y llegar a acuerdos de Estado con las comunidades autónomas para fomentar las viviendas, políticas que considero totalmente equivocadas y destinadas al fracaso, porque el problema de la vivienda solo lo puede solucionar una iniciativa privada que necesita garantías jurídicas de protección de la propiedad, no ser acribillada a normativas y expoliada a impuestos, dándole total libertad de metodología de trabajo para que además pueda competir con el resto de empresas promotoras-constructoras.
Las normativas son tales ( que además últimamente han incluido las exigencias de la Agenda 2030), que a un trabajador de la construcción le exigen tan nivel de conocimientos, que en un trabajo tan duro como es la albañilería, prácticamente ya nadie desea desempeñarlo, y el país se está quedando sin profesionales cualificados. Y esto también complica el ya de por sí grave problema de falta de vivienda accesible.
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