El ministro de transportes Óscar Puente recientemente ha manifestado que no es enemigo del vehículo privado, pero que conducir no es un derecho absoluto, y que el coche hay que usarlo con racionalidad.
En realidad se está aplicando a la Agenda 2030, y con ello a que se desarrollen las ciudades de 15 minutos, donde todo el mundo tenga que ir andando, en bicicleta, o utilizando el transporte público, pero que los ciudadanos no dispongan de un vehículo privado.
Para desmotivar a la gente a no tener coche crean zonas de bajas emisiones, más impuestos y más multas relacionadas con la excusa de las bajas emisiones, ponen zonas azules de pago en todas las ciudades, quiere poner peajes por el uso de carreteras y autovías, subir el precio de los carburante, y tener a todo el mundo controlado por ubicación GPS a través del móvil, y con el uso del dinero digital a través de tarjetas bancarias y pagos por móviles. De esta manera poner más impuestos a los ciudadanos que viajen más y consuman más carburante, e incluso prohibiéndoles el uso del automóvil, cosa que nos lleva a una dictadura muy parecida a la que hay en China, donde los ciudadanos tienen sus derechos y libertades muy limitadas.
Por otra parte, Oscar Puente, igual que el resto de políticos españoles, no está dando buen ejemplo de desplazarse andando, en bicicleta, o usando el vehículo particular, como hacen en otros países europeos; sino que aprovecha el coche oficial con chófer, pagado a cuenta de los impuestos sobre todos los españoles que no se acaban de librar.
El coche particular es uno de los símbolos de la libertad, que nos permite viajar y usarlo para diversidad de necesidades: ir al trabajo, hacer las compras en los centros comerciales, ir al médico o llevar los hijos a la escuela, visitar a familiares y amigos, o simplemente disfrutarlo por el placer de viajar a donde a uno mismo le apetezca. Además es mucho más barato y mucho más seguro que el transporte público ( este último sometido a horarios determinados, y a todo tipo de inconvenientes). Y por esto no podemos consentir que nos quiten el coche, y encima nos obliguen a pagar para su objetivo de dejarnos sin coche, aparte de más empobrecidos y con peor calidad de vida.
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