Las
minusvalías pueden ser físicas, psíquicas, o sensoriales, y da igual que le den
el nombre de disminuido, discapacitado, o cualquiera de las muchas otras
palabras que prácticamente tienen el mismo significado.
El
presidente del gobierno Pedro Sánchez, y el líder del principal partido de la
oposición Alberto Núñez Feijóo, han decidido reformar la Constitución, en
concreto el artículo 49, para cambiar la palabra disminuido por discapacitado.
Pero no se trata solo de cambiar la palabra, sino de meter en la constitución a
las entidades ( o mejor dicho, chiringuitos ) de minusválidos, para blindarlos
como derechos colectivos o grupales en vez de los individuales, que todos los
tendremos que mantener con nuestros impuestos, ya por mandato constitucional.
Lo que buscan ambos líderes políticos es
agrandar cada vez más la dependencia del dinero del Estado, para tener tanto a
entidades, como cada vez a más individuos bajo control.
Ciertamente
que los gestores de entidades de minusválidos se van a lucrar ( y muy bien),
aunque de momento no se han beneficiado todos los minusválidos, y muchos si
tienen padrino, incluso sin ser minusválidos se lucran gracias a las enormes y
diversidad de suculentas subvenciones públicas que reciben esos chiringuitos de
minusválidos, convertidos en clientelares del gobierno de turno.
Esto puede
sentar un precedente para que poco a poco se vayan guisando la Constitución a
su gusto, y esto puede ser peligroso.
Cuando peor
se convierte la Constitución, más se empobrece el país, se divide, y se van
perdiendo derechos y libertades individuales.
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