Durante
varias semanas, el gobierno de Pedro Sánchez nos impuso un confinamiento
domiciliario por una supuesta pandemia, que nos privó de nuestros derechos y
libertades. El Tribunal Constitucional declaró esta medida ilegal, pero el
presidente se escudó en el apoyo parlamentario y no asumió ninguna
responsabilidad política. Fue una decisión que nos causó más daño que
beneficio, tanto a nivel económico como social y emocional.
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