La
ministra de Sanidad del gobierno social-comunista de Pedro Sánchez, Mónica García, conocida
como la “médico y madre”, ha propuesto una controvertida medida: la prohibición
de la publicidad de bebidas alcohólicas en bares y restaurantes. Según su
argumento, esta iniciativa busca proteger a los menores de la exposición a la
publicidad de alcohol. Esta medida va resultar dañosa para la hostelería, los
fabricantes que proveen, y los consumidores.
Es innegable que el socialismo es dictadura, y que
cada vez atenta más contra las libertades individuales, metiéndose con empresas
y particulares, indicando cada vez más lo que pueden y no pueden hacer, creando
una gran inseguridad jurídica porque no se sabe cuál va a ser la próxima
prohibición o imposición futura, y con todo el daño que supone en pérdida de
puestos de trabajo y en rebaja de la calidad de vida de los ciudadanos que cada
vez soportan menos libertades por las imposiciones de esos gobierno de tinte
claramente autoritario.
Quieren prohibir la publicidad de determinadas bebidas
en las sillas, mesas, sombrillas, tenderetes, etc…., con todo el daño económico
que puede causar para el dueño del establecimiento hostelero y la empresa fabricante
y proveedora de bebidas y alimentos que habitualmente se sirven en bares,
restaurantes y demás lugares del sector de la hostelería.
La
propuesta de Mónica García no es un caso aislado. Hace un tiempo se comenzó con
la prohibición de fumar en espacios públicos, y ahora se plantea la restricción
de la publicidad de bebidas alcohólicas. Este tipo de medidas no solo afecta a
los propietarios de bares y restaurantes, sino también a las empresas
fabricantes y proveedoras de bebidas. La eliminación de la publicidad en
sillas, mesas y sombrillas podría tener un impacto económico devastador en un
sector que ya enfrenta numerosos desafíos, y que fue muy maltratado con el tema de la pandemia y los
confinamientos inconstitucionales ( y por tanto ilegales) que llevaron a muchos
hosteleros a la ruina sin ninguna compensación a cambio.
La
justificación de la ministra se centra en la protección de los menores, pero es
importante considerar que la problemática del consumo de alcohol entre jóvenes
no se resolverá únicamente con prohibiciones. La existencia de botellones y el
consumo de alcohol en la calle son síntomas de una falta de recursos y de
alternativas adecuadas para los jóvenes. En lugar de imponer restricciones,
sería más efectivo educar a los menores sobre el consumo responsable de alcohol
y la importancia de una alimentación saludable. Este tipo de educación podría
integrarse en el currículo escolar, proporcionando a los jóvenes las
herramientas necesarias para tomar decisiones informadas.
Además, es crucial abordar el contexto cultural en el
que se sitúa esta propuesta. Las políticas gubernamentales de la Agenda 2030
entre las cuales, por el reemplazo de la población española por población
diversa en su inmensa mayoría procedente de África y de religión musulmana, que
hace que este tipo de gente tiene la prohibición de beber bebidas alcohólicas y
comer alimentos derivados del cerdo como jamones, chorizos, salchichones, etc….
que lo impone su propia cultura y que no es compatible con la cultura y las
tradiciones propiamente españolas.
Y
para comparar, mientras
la ministra comunista
Mónica García se enfoca
en prohibiciones, es alarmante que no se priorice la financiación de
tratamientos médicos esenciales, como los medicamentos contra el cáncer, que
son accesibles en otros países europeos. Además, la regularización de más de
500,000 inmigrantes ilegales podría colapsar el sistema de salud pública,
afectando la calidad de atención que reciben todos los ciudadanos ( y esto es
un problema que sí que no tiene ninguna voluntad de solucionar la ministra comunista, más preocupada en meterse con las
empresas y los consumidores que además con ese maltrato va a haber menos
recaudación fiscal).
En
conclusión, la propuesta de prohibir la publicidad de bebidas alcohólicas es un
reflejo de un enfoque autoritario por parte del gobierno Sánchez que amenaza las libertades individuales y buena parte de la estabilidad económica de nuestro país que vive del turismo. Es fundamental que los
ciudadanos españoles se mantengan
informados y activos en la defensa de sus derechos, rechazando medidas que,
bajo la excusa de proteger a los menores, en realidad buscan imponer un régimen
cada vez más restrictivo. La lucha por una sociedad justa, libre
y próspera es una
responsabilidad compartida que no debemos permitir que se erosione.
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