Desde
el 1 de enero de 2024, el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha una
norma que parece sacada de una distopía: si tienes gallinas en casa para tu
propio consumo y no las registras en el Registro General de Explotaciones
Ganaderas, te pueden clavar una multa de hasta 3000 euros. Sí, has leído bien.
El Real Decreto 637/2021, aprobado en 2021, exige además un veterinario de
referencia, como si una familia rural con cuatro gallinas fuera una granja
industrial. Pero no nos engañemos: esto no es nuevo. Alberto Núñez Feijóo,
cuando mandaba en Galicia, ya sentó las bases de este control obsesivo, con
decenas de miles de gallineros registrados bajo su gestión. ¿Casualidad? No lo
parece.
Criar
gallinas en el corral ha sido durante siglos una práctica de supervivencia y
orgullo en los pueblos de España. Familias humildes, especialmente en el ámbito
rural, han dependido de esos huevos frescos para comer sin tener que rendir
cuentas a nadie. Ahora, el Estado ha decidido que eso se acabó. Con la excusa
de la sanidad animal —controlar brotes como la gripe aviar—, nos venden que
registrar tres gallinas en el patio trasero es una necesidad vital. Pero,
seamos serios: ¿quién en su sano juicio va a cuidar mal a los animales de los
que depende para alimentarse?. Esto no
es protección, es extorsión. Mientras las grandes industrias contaminan y
esquivan impuestos, el peso cae sobre el más débil.
Detrás
de este disparate está la sombra de la Agenda 2030, ese plan global que nos
quieren colar como “salvación del planeta”. Reducir la huella de carbono,
combatir el cambio climático, bla, bla, bla. ¿Y cuál es su gran idea?. Prohibirnos criar gallinas, limitar el
consumo de carne —un alimento esencial y saludable— y empujarnos a comer
insectos, que nos pintan como “sostenibles” mientras nos dan arcadas. No es una
teoría conspiranoica: es un patrón. Controlar lo que comemos, cómo vivimos y
hasta cómo sobrevivimos. La multa de 3000 euros no es un error burocrático, es
un paso más para arrancarnos la soberanía alimentaria y entregársela a las
élites.
La
indignación contra Sánchez es palpable, y con razón. Esta ley lleva su firma.
Pero ojo con Feijóo, el supuesto salvador del PP. En Galicia, bajo su mando, se
registraron 40.700 explotaciones de gallinas hasta 2024, según La Voz de
Galicia. Y no olvidemos su historial: multas de hasta 600.000 euros por no
vacunarse contra el COVID (frenadas por el Constitucional) y planes para sacar
de circulación coches de más de 10 años. ¿Diferente a Sánchez?. Más bien un clon con otra corbata. Ambos
parecen competir por ver quién aprieta más las tuercas al ciudadano de a pie
mientras recitan el evangelio de la Agenda 2030.
¿Y
quién paga el pato?. Los de siempre: las familias rurales, los jubilados con
pensiones de miseria, los que no tienen ni para el recibo de la luz. Una multa
de 3000 euros es una ruina para quien vive de lo que produce su corral. Con los
huevos por las nubes en el súper, tener gallinas no es un lujo, es una
necesidad. Pero el Estado prefiere multarte a ayudarte. Esto no es sanidad, es
un robo descarado disfrazado de bien común.
Si
queremos parar esta locura, hay que actuar con los pies en la tierra. Votar a
PP o PSOE es firmar el mismo cheque en blanco: más control, más multas, menos
libertad. Feijóo y Sánchez son peones de un tablero donde el pueblo siempre
pierde. La Agenda 2030 no es progreso, es una trampa para despojarnos de lo
poco que nos queda. Hay que decir basta, apoyar alternativas que defiendan la
autonomía del ciudadano y mandar al carajo a estos gobernantes que, lejos de
servirnos, nos tratan como ganado. Porque si algo está claro, es que aquí los
únicos terroristas son los que nos saquean a golpe de decreto.
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