Donald
Trump ha dado un paso firme al cumplir su promesa de imponer aranceles a los
países que exportan a Estados Unidos, en respuesta a lo que considera una
desigualdad comercial de larga data. Estos países, que durante años han
aplicado aranceles significativamente más altos a los productos
estadounidenses, ahora enfrentan una medida que, por el momento, equivale a la
mitad de lo que ellos mismos imponen. Una decisión que, lejos de ser un
capricho, parece buscar equilibrar la balanza.
Sin
embargo, esta acción no ha tardado en generar reacciones. La Comisión Europea y
líderes como Pedro Sánchez han iniciado una campaña para señalar a Trump como
el gran culpable de los males económicos, ignorando que sus propias políticas
arancelarias han sido mucho más severas durante años. Este doble rasero pone en
evidencia una hipocresía que ahora intentan disfrazar con críticas alarmistas.
El
objetivo de Trump con esta subida de aranceles es claro: incentivar a los
inversores extranjeros a producir dentro de Estados Unidos, lo que podría
generar empleo y riqueza para los ciudadanos norteamericanos. Al mismo tiempo,
los países exportadores, al ver limitada su capacidad de vender en el mercado
estadounidense debido a los mayores costos para los consumidores, podrían verse
obligados a ajustar precios a la baja, ya sea para competir en otros mercados o
para absorber su propia producción internamente.
En
España, Pedro Sánchez ha reaccionado anunciando un plan de más de 14.000
millones de euros para apoyar a las empresas exportadoras afectadas por los
aranceles de Trump. Sin embargo, este anuncio suena más a cortina de humo que a
solución viable. Si se implementa, implicaría un aumento de la deuda pública,
cuyos costos recaerían sobre los hombros de todos los españoles. Además, la
falta de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado pone en duda la
capacidad real del gobierno para cumplir esta promesa. Considerando, aparte, de
que no hay dinero para los daminificados de las riadas de Valencia o del volcán
de La Palma, subvencionar medicamentos contra el cáncer, ayudar a enfermos de
ELA, para residencias públicas de ancianos, para minusválidos, o para los que
necesitan ser atendidos en servicios sanitarios públicos, entre otras muchas
carencias más.
Por
su parte, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha advertido
que los aranceles de Trump desatarán una ola de inflación y alzas de precios en
Europa. Una afirmación que choca con la realidad: la inflación en el continente
tiene raíces más profundas, como las políticas de la propia Comisión, el exceso
de regulaciones, la burocracia asfixiante y una presión fiscal creciente. Lejos
de ser una víctima, Europa lleva tiempo sembrando las condiciones para sus
propios problemas económicos, con la imposición de la nefasta Agenda 2030.
Algunos incluso sugieren que Von der Leyen aprovecha esta situación como excusa
para justificar mayores gastos en armamento, alimentando el discurso de la
amenaza rusa y abriendo la puerta a más impuestos y deuda.
En
este juego de culpas y espejos, la ciudadanía sigue siendo la más perjudicada,
atrapada entre narrativas que ocultan intereses políticos y económicos.
Mientras tanto, los aranceles de Trump, acertados o no, han puesto sobre la
mesa un debate que muchos preferían ignorar: ¿quién realmente juega limpio en
el comercio global?. Habrá que darle un tiempo a Donald Trump para ver si
realmente son positivas para su país sus políticas económicas, aunque de
momento todo apunta que le va muy bien.
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