Ayer la mesa de edad del parlamento catalán consintió que los fugados Carles Puigdemont y Comin pudieran votar telemáticamente para elegir la mesa y el presidente del parlamento de Cataluña, cuando el Tribunal Constitucional lo había declarado ilegal. Esto ha hecho que tanto VOX como el PP lo hayan denunciado al Tribunal Constitucional.
La ley de amnistía ya ha sido sancionada por el Rey y hoy ya publicada en el BOE, con lo que ya tiene efectos legales.
Los jueces no han tardado en reaccionar, recordando que las órdenes de busca y captura de los fugados siguen estando vigentes, y que si pisan suelo español para acudir a los actos de investidura para el nuevo presidente de la Generalitat, van a ser detenidos y puestos a disposición judicial.
En consecuencia, ahora toca moverse a los jueces, ahora que los hasta ahora acusados van a solicitar el amparo de la ley de amnistía, cuando la inmensa mayoría de la judicatura estima que esta ley no es acorde con la Constitución ni con el Derecho Europeo. Con lo cual van a solicitar pronunciamiento al Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo, que podría dejar sin efecto esta ley, ya que los delitos de malversación, corrupción, sedición, terrorismo, traición, desórdenes públicos, destrozos de propiedades públicas y privadas, agresiones a personas, etc… son cosas que no pueden amnistiarse. Además un cambio de gobierno podría llevar a derogar esta ley que no contiene suficiente consenso, tal como ya lo han manifestado los partidos de la oposición en el Congreso de los diputados, y teniendo en cuenta que con los resultados electorales de las elecciones europeas, hoy en día habría un gobierno de coalición entre PP y VOX, totalmente contrarios a la amnistía.
Pero como somos un país con políticos que se cagan y se mean en la Constitución, al mismo tiempo que son unos ladrones en exprimir a los ciudadanos a impuestos, gastándose el dinero público de cualquier manera, se puede esperar cualquier cosa.
Lo razonable es que los políticos implicados respondan de sus delitos, paguen las penas que les corresponda, y cuenten con la posibilidad de ser indultados si se comprometen a no volver a quebrantar la legalidad. Porque otra solución no la veo posible, salvo que se produjera una Guerra Civil en la que con toda probabilidad los separatistas serían los perdedores, porque históricamente España siempre ha sido una nación unida con un destino común.
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