Estamos en el año 1977 y gobierna Adolfo
Suárez, con su ministro de Hacienda Francisco Fernández Ordóñez que propone una
reforma fiscal para garantizar que pague más quien más tiene, en una época en
la que casi nadie pagaba impuestos, y que dichos impuestos eran irrisorios.
Los Pactos de la Moncloa de 1977
marcaron un hito en la historia de España, sentando las bases de la democracia
tras décadas de dictadura. En el ámbito económico, uno de los objetivos clave
fue modernizar un sistema fiscal en el que apenas se pagaban impuestos. Así
nació el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), una
herramienta que prometía una mayor justicia tributaria con aquello de que
"pague más quien más tiene".
Sin embargo, la realidad pronto superó
las expectativas. Al hacerse públicas las primeras declaraciones de la renta en
1979 y 1980, quedó al descubierto una sorprendente verdad: la élite económica
española, aquellos grandes propietarios, banqueros y empresarios que habían
amasado grandes fortunas durante el franquismo, declaraban ingresos
notablemente bajos. La frase "¡Dios mío, qué pobres somos!",
pronunciada por un cronista de El País durante las primeras elecciones
municipales de 1979, resumía la incredulidad general ante esta situación.
La publicación de estas listas, aunque
solo durante dos años, ofreció una instantánea única de la desigualdad y la
evasión fiscal en la España de la transición. Muchos ciudadanos, con paciencia
y bolígrafo en mano, se dedicaron a analizar estos documentos, descubriendo con
asombro la discreta fortuna de sus vecinos más poderosos.
Los juristas, apelaron diciendo que tal
información violaba el derecho a la intimidad de las personas, que lo amparaba
la Constitución. Con lo cual esta práctica se suprimió en 1981, después de que
ETA secuestrara al empresario Luis Suñer, que aparecía como el español con más
ingresos en la lista inaugural que publicó Hacienda en 1979. Estos dos años de
1979 y 1980 fueron los únicos años en los que “Hacienda somos todos”, porque
cada ciudadano podía saber lo que había declarado el vecino, su jefe, su
enemigo, su amigo, o cualquier otro ciudadano español.
Pero a la gente, acostumbrada a un
franquismo de mucha cultura de trabajo y nada de impuestos, no quería hacer la
declaración de la renta, con lo cual la reacción del gobierno no se hizo
esperar. Ante la evidencia de una extendida cultura de la evasión, se lanzó una
campaña de concienciación fiscal con el célebre eslogan "Hacienda somos
todos". Personajes populares como Bárbara Rey y Gonzalo Torrente Ballester
se sumaron a esta iniciativa, tratando de inculcar en la sociedad una mayor
conciencia tributaria. Sin embargo, la picaresca y la falta de confianza en las
instituciones dificultaron la tarea. Los españoles no son gentes a la que les
agrade pagar impuestos, que lo consideraban un robo, y así lo han considerado
siempre. Si se animaban a hacer la declaración de la renta, que muy pocos se
animaban y se consideraba que debían de hacerla los más ricos, en una gestoría
te decían: “te toca pagar de más”, y en otra “te van a devolver”
El caso de Lola Flores fue un ejemplo
paradigmático de esta situación. El terrorífico ministro socialista Joseph
Borrell se metió con la famosa cantante se vio envuelta en un escándalo fiscal
que puso de manifiesto la dificultad de combatir la evasión entre las
celebridades. La sentencia condenatoria contra Flores sentó un precedente
importante, demostrando que nadie estaba por encima de la ley, ya que la
folklórica no quiso hacer sus declaraciones de la renta. Esto metió miedo a los
españoles, junto a lo que el cómico Pedro Ruiz nos mostraba cómo nos estaba
desplumando Josep Borrell.
Ahora nos hemos convertido en un
infierno fiscal y las instituciones públicas, tanto del gobierno central, como
de las autonomías, y los entes locales despilfarran a manos llenas y
excusándose con lo de "no es magia, son tus impuestos", en vez de
decir algo más realista como " somos cada vez más manirrotos con el dinero
que te robamos".
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