En
los últimos días, el diario El Mundo ha sacudido la escena política española al
publicar conversaciones privadas de WhatsApp entre el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, y el exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Estos
mensajes, que datan de 2020 y 2021, revelan un tono despectivo hacia figuras
clave del PSOE, como los expresidentes autonómicos Susana Díaz, a quien Sánchez
y Ábalos consideran “jodida” y políticamente amortizada, y Emiliano
García-Page, actual presidente de Castilla-La Mancha, a quien Sánchez califica
de “petardo” junto a otros barones socialistas como Javier Lambán, Fernández
Vara, Ximo Puig, o Felipe González. Incluso la ministra de Defensa, Margarita
Robles, es objeto de burlas, siendo llamada “pájara” por el presidente. Estas
revelaciones, más allá de su contenido ofensivo, han desatado una tormenta de
críticas por lo que implican: una posible violación de la privacidad y una
gestión interna del PSOE marcada por el desprecio hacia las disidencias. Se
dice que irán saliendo más mensajes, por entregas.
La
filtración de estos mensajes parece provenir del caso Koldo, una investigación
por presunta corrupción que involucra a Ábalos y su entorno, y en el que
también tiene que ver Víctor de Aldama que también aporta su ración de pruebas.
Según fuentes periodísticas, los WhatsApps habrían sido obtenidos de
dispositivos y memorias USB incautados por la Unidad Central Operativa (UCO) de
la Guardia Civil durante las pesquisas. Sin embargo, cómo llegaron estas
conversaciones privadas a manos de El Mundo sigue siendo un misterio. Joaquín
Manso, director del diario, ha afirmado que el periódico dispone de “cientos o
miles” de mensajes adicionales, aunque niega que contengan pruebas de delitos
por parte de Sánchez. No obstante, la propia existencia de estas filtraciones
plantea serias preguntas sobre la cadena de custodia de la información judicial
y la posible implicación de funcionarios, magistrados del Tribunal Supremo o
incluso de la propia UCO en un delito contra la privacidad.
La
Guardia Civil, por su parte, ha rechazado las acusaciones de ser la fuente de
la filtración, calificándolas de injustas y defendiendo su profesionalidad.
Mientras tanto, el silencio del Gobierno y la falta de una investigación
oficial para identificar a los responsables de la divulgación son notables.
Este escándalo no solo pone en entredicho la ética de los líderes políticos,
sino también la integridad de las instituciones encargadas de proteger la
confidencialidad de las investigaciones judiciales.
La
reacción de las figuras aludidas en los mensajes ha sido de indignación. Susana
Díaz ha calificado las palabras de Sánchez como “muy jodidas y duras”, mientras
que García-Page y Lambán han evitado alimentar la controversia, aunque su
malestar es evidente, reconociendo el ex presidente aragonés que había tenido
broncas muy duras con Pedro Sánchez. En el plano político, la filtración ha
reavivado las tensiones internas en el PSOE y ha dado munición a la oposición
para exigir explicaciones, aunque al final no lo aprovecha. Sin embargo, lo más
preocupante es la aparente impunidad con la que se ha manejado este atentado
contra la privacidad. ¿Por qué no se ha abierto una investigación para
esclarecer quién facilitó los mensajes a El Mundo? ¿Es esta filtración un acto
aislado o parte de una estrategia más amplia para desestabilizar al Gobierno?
Este
caso no solo expone las fracturas dentro del PSOE, sino que también pone a
prueba la confianza de los ciudadanos en las instituciones. La ausencia de
consecuencias para los responsables de la filtración envía un mensaje
peligroso: en la política española, violar la privacidad puede quedar sin
castigo. Mientras Sánchez y su entorno intentan capear el temporal, la pregunta
persiste: ¿quién está detrás de esta filtración y por qué nadie parece interesado
en descubrirlo?, ¿es una cortina de humo fabricada, para cuando salgan pruebas
que de verdad inculpen, poder decir que es otro bulo más?.
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